El Gobierno, en Consejo de Ministros extraordinario de este jueves, aprobó el nombramiento de una comisión interventora en laDirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), la que tendrá como tarea realizar un análisis de puestos, salarios, para optimizar la recaudación fiscal del país.
La comisión está integrada por Reinaldo Rodríguez, Roberto Jerez y Jorge Yllescas Oliva, quienes podrán pedir la asesoría que estimen conveniente con el acompañamiento de un equipo del Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
El titular de la DEI, Enrique Castellón, quien continuará en el cargo, pidió el acompañamiento de una comisión especial para que acompañe la administración de la institución, a fin de recuperar técnica y financieramente el nivel de recaudación fiscal.
Castellón señaló que a pesar que las metas de recaudación se han cumplido respecto a lo acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el ritmo de crecimiento de los ingresos no ha mejorado y en ese sentido, ha solicitado la intervención de una comisión integrada por personas de reconocida honorabilidad y con conocimientos en el tema tributario para que le ayude a llevar la pesada carga.
En ese sentido, el ministro de Finanzas, Wilfredo Cerrato, afirmó por instrucciones del Presidente Porfirio Lobo Sosa, desde República Dominicana, donde asistió a la toma de posesión del nuevo mandatario de ese país, Danilo Medina, se acordó la elaboración de un proyecto de decreto para nombrar la comisión interventora en la DEI.
La iniciativa establece que se nombra una comisión interventora que se encargará de la administración de la DEI y realice una evaluación de la misma, con la asesoría del TSC.
La comisión tendrá facultades establecidas en el decreto y las definidas en el artículo 100 de la Ley General de la Administración Pública y las demás que por norma legal adicionalmente le correspondan.
Para el cumplimiento de sus funciones, la comisión que da facultada a solicitar la colaboración, participación e integración de otras dependencias públicas o privadas que considere pertinentes.
Asimismo, se solicitará al TSC que nombre el equipo de asesoría a que se refiere el artículo 99 de la Ley General de la Administración Pública y su reglamento, que emanan de la ley.
En uno de sus artículos reza que en un plazo de hasta 120 días hábiles prorrogables para que la comisión interventora, entre otras funciones y atribuciones que por ley le corresponden, pueda verificar la situación administrativa, financiera, presupuestaria, practicar una auditoría y evaluación de puestos y salarios.
Adicionalmente, que tomen las medidas y acciones necesarias para optimizar en definitiva la recaudación, mediante la profesionalización de la administración, fiscalización, supervisión, revisión, control eficiente, eficaz, la ejecución de cobro, de los tributos internos y aduaneros, entre otros, mediante la agilización de los casos impugnados en la vía administrativa (DEI y Secretaría de Finanzas).
Además, deberá implementar procesos para mejorar la recaudación de aduanas y rentas (facturación electrónica), la valuación y auditoría a más tardar dentro de los dos meses siguientes de haber realizado la liquidación en aduanas para proceder a efectuar los ajustes respectivos, revisión de la forma y determinación del cobro del Impuesto Sobre la Tradición de Bienes e Inmuebles, estudiar y auditar a los contribuyentes en base a riesgo, proceder al cobro por la vía administrativa de los impuestos pendientes de cobro, depuración del sistema de control sobre los créditos fiscales y otros que consideren convenientes y adecuados.
La comisión interventora, haciendo uso de los resultados de la auditoría, evaluación y demás medios que estime pertinente, deberá rendir su informe de evaluación, en el que recomendarán las medidas necesarias para que el Poder Ejecutiva, a la vista del informe, dicte las decisiones que sean necesarias.
En la aprobación del decreto se tomó en consideración, que deje por sentado que el titular de la DEI, Enrique Castellón, siga al frente de la institución y acompañe en las labores a la comisión interventora.
Como segundo punto de agenda, el ministro de Salud, Arturo Bendaña, presentó por cuarta vez un decreto mediante el cual se ordena a los hospitales, regiones departamentales y metropolitanas a realizar compras corporativas o conjuntas de medicamentos, iniciativa que fue pospuesta para su discusión y aprobación en el próximo Consejo de Ministros.
En uno de sus decreto se establece la conformación de la Unidad Técnica de Suministros de Medicamentos la conforman: las iglesias, Católica, a través de la Arquidiócesis de cada región, Evangélica, Confraternidad Evangélica; el Foro Nacional de Convergencia (FONAC), el Foro Permanente de la Sociedad Civil; los comisionados de los consejos regionales de desarrollo, la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON), el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y los medios de comunicación.
Al respecto, la designada presidencial y ministra de la Presidencia, María Antonieta Guillén, pidió que se reúnan los titulares de Turismo, Nelly Jerez, y del Programa Nacional de Desarrollo Rural (PRONADERS), Mario Pineda, con los redactores de ese decreto, para definir las consideraciones y sugerencias sobre el tema, a más tardar a las 10:00 de la mañana del próximo lunes.
Para finalizar, el jefe del Gabinete de Gobierno, Octavio Sánchez, presentó el informe sobre las demandas, en el que detalló que el Estado pierde el 80 por ciento de los reclamos, que tiene como impacto económico siete mil millones de lempiras hasta la fecha.
Enumeró que el mayor registro de reclamos es en materia laboral, con un 78 por ciento; y los que más presentan demandas en contra del Estado son los abogados laboralistas, con un valor promedio de cuantía de ocho millones trescientos mil lempiras; con una media cuantía determinada de 121 mil lempiras, ascendiendo a un total a 170 millones de lempiras.
Sánchez agregó que el total de demandas laborales suman 170 millones de lempiras, al tiempo que informó que los jueces que más demandas conocen son los de lo contencioso administrativo.
Detalló que las instituciones que más han sido objeto de demandas son: la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL), con 253; Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), con 233 y Salud con 98.
Amplió que los reclamos con más cuantías son indemnizaciones, confiscatorios, licitaciones e incumplimientos de contratos.
Esta buena la nota
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